La defensa de Pablo Grillo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) informaron que Gendarmería cerró el expediente administrativo en la causa del fotógrafo agredido por el cabo Héctor Guerrero, “en tiempo récord”. “No se puede esperar otra cosa de (Patricia) Bullrich”, aseguró su padre, Fabián.
El informe realizado por la fuerza nacional atribuyó el disparo, que puso en riesgo la vida de Grillo, a un “hecho fortuito”, producto de la mala visibilidad y de la imprudencia de la víctima por ubicarse “en la línea de tiro”.
“No se puede esperar otra cosa de (Patricia) Bullrich”, aseguró su padre, Fabián, en declaraciones a C5N. Señaló que se “continúa con lo absurdo” y aventuró que sucede por el “grado de impunidad al que están acostumbrados”.
Confió en el accionar de la Justicia “ante la obviedad y el absurdo”. “Es tan obvio y tan evidente… el sistema judicial merece la mayor de las confianzas”, consideró.
“El tipo hizo lo que tenía que hacer, lo que le ordenaron porque es lo que vienen haciendo”, consideró el padre de Pablo Grillo, y enumeró los casos de Carlos Fuentealba y la represión durante la reforma jubilatoria. “Usan armas no letales de forma letal, le tiran a la cara”, sentenció.
La denuncia del CELS
El CELS sostuvo que el expediente de Grillo “se cerró en tiempo récord” y concluyó en que “no existía reproche disciplinario alguno”, lo que significa que el cabo Guerrero continúa, actualmente, en funciones. El sumario concluyó que ni él ni sus superiores merecen “reproche alguno desde el punto de vista disciplinario”, indica Página 12.
Así, el sumario trasladó la responsabilidad por el hecho al propio Pablo Grillo y a los demás manifestantes por haber quedado atrapados frente al cordón de Gendarmería desde el cual Guerrero realizó sus disparos prohibidos.
Qué pasa en la Justicia
Vale señalar que en el marco de la investigación judicial, el cabo no fue llamado todavía a indagatoria. La familia de Pablo pide que se lo cite por tentativa de homicidio agravado por abuso funcional, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Pablo luchó por su vida. Estuvo internado, en gravísimo estado, desde el día del brutal ataque (12 de marzo), y fue dado de alta recién el 3 de junio. Fue trasladado del hospital Ramos Mejía a un centro de rehabilitación.
