El gobierno de Javier Milei oficializó este jueves el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, una normativa que había sido sancionada por unanimidad en el Congreso con el objetivo de reforzar la atención en hospitales y centros de salud de todo el país. La medida fue publicada en el Boletín Oficial, justo en la fecha límite para su promulgación.
La iniciativa había sido impulsada por distintos bloques políticos y obtuvo un respaldo casi absoluto en ambas cámaras legislativas. El proyecto buscaba asignar fondos extraordinarios para la compra de insumos médicos, equipamiento y la recomposición salarial del personal de salud especializado en pediatría, un sector severamente golpeado por la crisis y el éxodo de profesionales.
Desde el Ejecutivo, el veto se fundamentó en el artículo 84 de la Constitución Nacional, que habilita al presidente a rechazar una ley si se considera contraria a los intereses del país. El Gobierno argumentó que la norma carecía de “sustento presupuestario” y que su implementación podía afectar el equilibrio fiscal que la gestión libertaria se comprometió a preservar.
El rechazo a la Ley de Emergencia Pediátrica se suma al veto de la Ley de Financiamiento Universitario, anunciado días atrás, lo que generó fuerte malestar en el ámbito educativo y sanitario. En el caso del Garrahan, principal hospital pediátrico del país, la decisión del Ejecutivo vuelve a dejar en suspenso la posibilidad de recibir fondos adicionales para sostener la atención médica y contener la fuga de profesionales.
