La Ciudad de Buenos Aires se convirtió esta tarde en el epicentro de una movilización que tuvo como destino el Congreso de la Nación. La comunidad universitaria se movilizó en rechazo al veto del presidente Javier Milei a la Ley de Financiamiento Universitario, mientras que trabajadores del Hospital Garrahan repudiaron el veto a la ley de emergencia pediátrica. Las columnas avanzaron con la consigna “Defendamos la educación pública”, que expresó el reclamo central por presupuesto y salarios. El acto central se realizó a partir de las 18 en la Plaza del Congreso, donde confluyeron las delegaciones que salieron desde distintos puntos de la ciudad.
Una columna numerosa de representantes de agrupaciones estudiantiles, docentes y no docentes se concentró en la Plaza Houssey y marcha hacia el Congreso. Otras convocatorias se reunieron en las escalinatas de la Facultad de Derecho y sobre la Avenida de Mayo, para luego unirse sobre la Avenida Callao. La consigna común era sostener el funcionamiento de las universidades públicas y visibilizar el deterioro salarial. La previa del acto se centró en la expectativa por la primera votación vinculada al Garrahan en el recinto.
Las organizaciones sindicales se sumaron con fuerte presencia. Participaron gremios como la CGT, la CTA y ATE, además de movimientos sociales nucleados en la UTEP. La Marcha Federal Universitaria provoca una amplia afectación del tránsito en el centro porteño. Las autoridades informaron cortes y desvíos en Callao, Entre Ríos, Rivadavia e Hipólito Yrigoyen, y recomendaron evitar la zona entre las 14 y las 19 por la mayor concentración.
Cruce político y reclamos salariales
“Lo más probable es que las universidades públicas no puedan abrir sus puertas el año que viene”, alertó FATUN, el gremio que representa a los no docentes. La advertencia colocó el foco en la continuidad del ciclo lectivo y en la actualización de partidas. Dirigentes del sector insistieron en que el financiamiento quedó por debajo de la inflación y que la situación salarial se agravó. La consigna de sostener los servicios y el funcionamiento de las facultades atravesó la marcha.
“Asfixia presupuestaria y pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores constituyeron una amenaza visible”, afirmó Guillermo Oliveto, decano de UTN Buenos Aires. La referencia al deterioro del poder de compra ligó el reclamo salarial con la demanda presupuestaria. Las autoridades universitarias que se pronunciaron destacaron la necesidad de previsibilidad para sostener actividades académicas y de investigación. Las columnas técnicas y estudiantiles llevaron carteles con reclamos por infraestructura y becas.
“La situación fue angustiante”, sostuvo Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA, quien criticó la falta de diálogo del Gobierno. El dirigente señaló que los salarios docentes solo se actualizaron un 20% desde la última marcha y pidió una recomposición. Su planteo reunió adhesiones entre los claustros que atravesaron la Avenida Entre Ríos hasta la Plaza del Congreso. El reclamo salarial ocupó un lugar central en los cánticos y en los documentos leídos en las concentraciones previas.
Desde el Gobierno Nacional, Alejandro Álvarez, Subsecretario de Políticas Universitarias, vinculó la protesta con “fines políticos” para “desgastar al gobierno”. El funcionario reconoció la problemática salarial y aseguró que los sueldos “se vinieron recomponiendo”.
El veto presidencial y el debate en Diputados
El Gobierno vetó el 10 de septiembre la ley de financiamiento universitario, que propuso un aumento del presupuesto destinado a las universidades de acuerdo con la inflación acumulada de 2023 y 2024, con actualizaciones bimestrales por inflación, y ordenó al Poder Ejecutivo aplicar una recomposición salarial docente a partir del Índice de Precios al Consumidor (IPC). La medida se inscribió en la discusión por los recursos para el sistema universitario y por la pérdida de poder adquisitivo.
“Incrementa de manera desproporcionada el gasto público sin que existan recursos suficientes para solventar dicho gasto, lo que genera un desequilibrio fiscal que mina la estabilidad macroeconómica y, por ende, se traduce en perjuicios concretos para la población, especialmente para los sectores más vulnerables”, indicó el Decreto 647/2025, que dispuso el veto de la ley sancionada por el Congreso. El texto oficial fundamentó la decisión con énfasis en el equilibrio fiscal.
Según la Oficina del Presupuesto del Congreso, la iniciativa tendría un costo fiscal equivalente al 0,23% del PBI. En la sesión de hoy, Diputados busca rechazar el veto. La oposición requiere una mayoría especial de ambas cámaras para insistir con el proyecto. El debate legislativo se desarrolla en paralelo a la movilización frente al Congreso.
En octubre de 2024, Milei ya vetó una ley de financiamiento universitario similar. La Cámara de Diputados luego ratificó esa decisión, pero no logró el número suficiente en el Senado, por lo que la norma quedó sin efecto.
Pedidos por la salud infantil
El reclamo por el Hospital Garrahan atravesó las intervenciones y los carteles que acompañaron a las columnas. Trabajadores y profesionales rechazaron el veto presidencial a la ley de emergencia pediátrica y pidieron recursos para garantizar la atención. La cercanía de un tratamiento legislativo sobre el tema sumó tensión a la jornada en las inmediaciones del Congreso. Las delegaciones sanitarias marcharon junto a estudiantes y docentes bajo una consigna común por salud y educación públicas.
La logística de la movilización impactó en el tránsito del microcentro y del circuito parlamentario. Se registraron bloqueos en Bartolomé Mitre y desvíos parciales en tramos de Rivadavia, entre Callao y Entre Ríos, y en el segmento de Hipólito Yrigoyen comprendido entre esas arterias. Las fuerzas de seguridad dispusieron vallados y cortes preventivos para encauzar el flujo de columnas. Los organizadores destacaron la presencia de familias y egresados que acompañaron el recorrido.
Desde la oposición política, referentes como Sergio Massa (Frente Renovador) expresaron apoyo a la movilización. Los dirigentes opositores enfatizaron la defensa de la universidad y la salud públicas como prioridades. El respaldo político se sumó a la adhesión gremial para darle volumen a la protesta. La discusión por el financiamiento y el alcance de los vetos presidenciales quedó instalada en la agenda legislativa y en la calle.
