El Gobierno nacional inició oficialmente la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima (NA-SA), encargada de operar las tres centrales nucleares del país. La medida, dispuesta mediante la Resolución 1751/2025 del Ministerio de Economía, contempla la venta del 44% del capital accionario mediante licitación pública nacional e internacional, y un 5% que quedará en manos de los trabajadores a través de un programa de propiedad participada. El Estado conservará el 51% restante.
La resolución, firmada por Luis Caputo, establece que la Secretaría de Energía deberá coordinar el proceso junto a la Unidad Ejecutora Especial Temporaria Agencia de Transformación de Empresas Públicas, que deberá realizar un inventario de bienes tangibles e intangibles para garantizar la valuación de las acciones. El Gobierno espera que el proceso de privatización de NA-SA esté finalizado en un plazo máximo de un año.
Actualmente, la empresa tiene como principales accionistas al Ministerio de Economía (79%), la Comisión Nacional de Energía Atómica (20%) y Energía Argentina S.A. (Enarsa), que transferirán sus participaciones a la Secretaría de Energía. Presidida por Demian Reidel, Nucleoeléctrica opera Atucha I, Atucha II y Embalse, que aportan alrededor del 7% de la energía eléctrica nacional, con una valuación estimada entre u$s560 y u$s1000 millones.
Desde el sector científico y gremial expresaron su rechazo a la medida. Andrés Kreiner, secretario general de la Asociación de Profesionales de la CNEA y la Actividad Nuclear (APCNEAN), advirtió que “Nucleoeléctrica es una empresa superavitaria y estratégica, y su privatización no tiene justificación económica ni técnica”. Además, alertó que la medida busca obtener divisas en el corto plazo y podría afectar la capacidad tecnológica independiente del país en materia nuclear.
