En los primeros días de enero de 2026, Estados Unidos llevó a cabo una operación militar de gran escala en Venezuela que ha marcado un punto de inflexión en las relaciones entre ambos países. La intervención, ordenada por el presidente estadounidense Donald Trump, incluyó ataques aéreos y acciones de fuerzas especiales que culminaron con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro y su traslado a Nueva York para enfrentar cargos en una corte federal estadounidense.

El operativo, descrito por Washington como parte de sus esfuerzos contra el narcotráfico y la “criminalidad transnacional”, se desarrolló a primeras horas del 3 de enero y estuvo acompañado por explosiones en Caracas y sobrevuelo de aeronaves estadounidenses, según reportes de medios internacionales y autoridades venezolanas.

Tras la captura de Maduro, la Asamblea Nacional venezolana, apoyada por el Consejo Supremo de Justicia, designó a la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina, en medio de un clima de incertidumbre política y acusaciones de agresión militar por parte de Caracas.

La respuesta internacional fue inmediata y dividida. Varios gobiernos de América Latina y del mundo expresaron preocupación o condena, al argumentar que la acción violenta de Estados Unidos contra un gobierno soberano constituye una violación del derecho internacional y un peligroso precedente para la seguridad regional.

En contraste, líderes políticos de algunos países, incluido el presidente de Argentina, expresaron su apoyo al operativo, calificándolo como un golpe importante al régimen venezolano.

Mientras tanto, Washington defendió la operación alegando que la captura de Maduro y su juicio en Estados Unidos forman parte de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, así como de la necesidad de una “transición segura” en Venezuela.

La intervención estadounidense ha generado tensiones en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y ha abierto un intenso debate sobre la soberanía nacional, el uso de la fuerza y los límites del poder internacional en conflictos contemporáneos.

Históricamente, la intervención de una potencia extranjera en los asuntos internos de otro país ha sido considerada perjudicial por sus consecuencias políticas, sociales y humanitarias. En el caso de Estados Unidos, su participación en conflictos y crisis de otros Estados —especialmente en América Latina— ha dejado antecedentes que permiten entender por qué este tipo de acciones suele generar más problemas que soluciones.

Uno de los principales efectos negativos de la intervención externa es la pérdida de soberanía. Cuando un país poderoso influye o impone decisiones políticas, económicas o militares, se debilita la capacidad de la nación intervenida para resolver sus propios conflictos mediante mecanismos internos y democráticos. Esto suele provocar deslegitimación de las instituciones y mayor polarización social.

Además, la historia muestra que las intervenciones extranjeras tienden a agravar la inestabilidad. Casos como los de Chile, Guatemala, Nicaragua, Irak o Afganistán evidencian que la injerencia externa puede derivar en golpes de Estado, guerras prolongadas o crisis humanitarias, dejando consecuencias que se extienden por décadas.

Otro aspecto clave es el impacto sobre la población civil. Las sanciones económicas, bloqueos financieros o acciones militares suelen afectar directamente a los ciudadanos comunes, generando pobreza, migración forzada y deterioro de servicios básicos, mientras que los conflictos políticos de fondo permanecen sin resolverse.

En el contexto venezolano, muchos analistas advierten que cualquier forma de intervención extranjera refuerza la confrontación interna y dificulta el diálogo nacional. Desde una perspectiva histórica, la experiencia demuestra que los cambios políticos impuestos desde el exterior rara vez conducen a una estabilidad duradera.

Por estas razones, la intervención de un país en otro es vista, a lo largo de la historia, como una práctica negativa que vulnera la autodeterminación de los pueblos y suele producir consecuencias profundas y prolongadas, tanto a nivel nacional como regional.