El Gobierno nacional resolvió trasladar el histórico sable corvo de San Martín desde el Museo Histórico Nacional al cuartel del Regimiento de Granaderos a Caballo, ubicado en el barrio porteño de Palermo. La decisión quedó formalizada en el Decreto 81/2026, firmado por el presidente Javier Milei y publicado en el Boletín Oficial, y dispone un régimen de custodia militar permanente para una de las piezas más emblemáticas del patrimonio argentino.
Desde el Ejecutivo justificaron la medida en razones de seguridad y preservación, al recordar los robos sufridos por el sable en las décadas del 60. Sin embargo, el decreto omite un aspecto central del debate: la voluntad expresa de los descendientes de José de San Martín, quienes donaron el arma al Estado con la condición de que fuera conservada en un museo público y accesible, y no en una unidad militar.
Ese punto vuelve a quedar relegado frente a una decisión adoptada de manera unilateral, sin consulta pública ni una explicación detallada sobre por qué el Museo Histórico Nacional, institución civil especializada en la conservación de bienes patrimoniales, deja de ser considerado un ámbito adecuado para su resguardo.
El sable corvo tuvo distintos destinos a lo largo del tiempo. Tras los robos de 1963 y 1965, permaneció durante décadas bajo custodia del Regimiento de Granaderos, hasta que en 2015 un decreto de la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner dispuso su regreso al museo. Con la nueva resolución, el Gobierno revierte aquella decisión y restablece el control exclusivo del cuerpo militar fundado por el propio San Martín.
Más allá de los argumentos oficiales, la medida reabre una discusión de fondo sobre quién define el destino de los bienes históricos y bajo qué criterios. Al avanzar sin contemplar la voluntad de los donantes ni el rol de las instituciones civiles, el Gobierno consolida una definición que vuelve a tensionar la relación entre patrimonio, memoria histórica y decisiones políticas.
