La declaración jurada de Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo a la polémica por su patrimonio. En el marco de una causa que investiga presuntas irregularidades patrimoniales, el funcionario reconoció ahorros en criptomonedas por USD 513.000 que no habían sido consignados en declaraciones anteriores. Según afirmó, el dinero proviene de inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, es decir, operaciones que ocurrieron hace entre ocho y trece años y que recién ahora fueron incorporadas formalmente a sus presentaciones oficiales.
La explicación despertó cuestionamientos porque los fondos permanecieron fuera de las declaraciones juradas durante varios años. Adorni sostuvo que había invertido USD 200.000 y que obtuvo ganancias cercanas a los USD 300.000, argumentando además que cuenta con la trazabilidad de las operaciones a través de las claves de acceso de sus billeteras digitales. Sin embargo, el reconocimiento llegó únicamente después de que se acumularan denuncias judiciales y observaciones sobre la evolución de su patrimonio.
Otro de los puntos que genera dudas es la magnitud del capital inicial declarado para invertir en criptomonedas. De acuerdo con la nueva versión presentada por el funcionario, contaba con USD 200.000 disponibles para operar en activos digitales entre 2013 y 2018, una cifra elevada para la época y que ahora deberá ser respaldada documentalmente ante la Justicia y los organismos de control. La defensa del jefe de Gabinete sostiene que todos los bienes observados fueron adquiridos con recursos obtenidos antes de incorporarse al Gobierno nacional.
Las rectificaciones también alcanzaron inmuebles, herencias y la situación patrimonial de su esposa, Bettina Angeletti. No obstante, el eje central de la controversia continúa siendo la aparición tardía de más de medio millón de dólares en criptomonedas que nunca habían sido informados en los documentos oficiales. Mientras la investigación avanza en los tribunales federales, la credibilidad de las explicaciones brindadas por Adorni quedó en el centro del debate político y judicial.
