El Cottolengo Don Orione de Claypole evalúa recurrir nuevamente a la Justicia para obtener del Ministerio de Salud los medicamentos, pañales de adultos y alimentos dietoterápicos que el gobierno nacional no les provee desde julio de 2026. El faltante afecta a 122 residentes del establecimiento de Claypole que forman parte del programa Incluir Salud. “No podemos dejar pasar muchos días más porque nos vamos a quedar sin insumos de vuelta”, advirtió la institución.

Desde el Cottolengo precisaron que el Ministerio abona al día el módulo básico de internación, pero mantiene interrumpida la provisión de medicamentos e insumos desde hace cinco meses. Según describieron, la semana pasada el Ministerio solicitó los datos del director médico de la institución, pero no hubo avances adicionales: “La prestación la vienen abonando normalmente, pero la medicación, insumos y pañales no”.

La institución también señaló que el Ministerio aduce que sin facturación previa de los medicamentos ya adquiridos no puede efectuar pagos, argumento que desde el Cottolengo calificaron como “un artilugio” para no entregar los insumos.

El conflicto judicial tiene raíces en 2017, durante el gobierno de Mauricio Macri, cuando el Cottolengo presentó un amparo contra el Ministerio de Salud para garantizar la cobertura de prestaciones del Programa Federal Incluir Salud y evitar interrupciones en la atención de los residentes internados. La sentencia definitiva llegó en 2022: se hizo lugar al amparo y se ordenó a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) garantizar el pago de las prestaciones y la continuidad en la provisión de todos los insumos requeridos. El mecanismo fijado requería completar planillas con insumos y tratamientos, con la firma del director médico y el padrón de pacientes, y enviarlas por correo electrónico para su aprobación.

Pese a esa sentencia, el incumplimiento se reiteró. El juez de la causa, Juan Pablo Auge, trabó dos embargos al Ministerio de Salud: uno por $753.371.035,51 por el período noviembre de 2025 a febrero de 2026, y otro por $828.708.195,16 por el período marzo a junio de 2026. La deuda total ascendió a $1.582.079.230,67 y fue abonada en dos tramos; el segundo pago se concretó el 29 de octubre, una semana antes de la visita del papa León XIV al establecimiento.

En una resolución del 30 de octubre, el magistrado ratificó la obligación del Estado nacional de garantizar el derecho a la salud y advirtió que la falta de provisión “afecta directamente el derecho a la vida y a la integridad física” de los 122 residentes. Auge también rechazó el argumento gubernamental sobre la necesidad de facturación previa: aclaró que el único requisito es el envío de la planilla firmada por el director médico con el padrón de beneficiarios, y que el mecanismo administrativo acordado entre las partes “resulta ajeno” a la acción de amparo, cuyo objeto es el aseguramiento de derechos fundamentales. Citó además una ratificación de la Corte Suprema sobre la “obligación impostergable” del Estado en materia de cobertura médica.

Desde el Ministerio de Salud, conducido por Mario Lugones, esperan una nueva judicialización a la que describieron como el “curso normal” del proceso. “Cada vez que el Cottolengo hace la presentación, el juez dispone el pago. Va a pasar siempre lo mismo, como está judicializado entonces la manera de cobrarlo es cuando lo disponga la Justicia”, sintetizaron. La cartera no respondió sobre los cinco meses de deuda que se acumulan desde julio.

Con el Ministerio preparándose para litigar en lugar de proveer los insumos, y sin resolución administrativa a la vista, el Cottolengo enfrenta la perspectiva de iniciar un tercer ciclo judicial para obtener lo que una sentencia firme ya ordenó garantizar.