En un fallo trascendental para la economía de la provincia de Buenos Aires, la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una parte clave de la nueva ley de Ingresos Brutos, promovida por el gobierno de Axel Kicillof. Este fallo representa un fuerte golpe para las finanzas provinciales y podría desencadenar una serie de repercusiones políticas y económicas de gran alcance, ya que se trata de uno de los pilares de la estrategia fiscal del Ejecutivo bonaerense.
La ley de Ingresos Brutos y sus implicancias
La ley sancionada a fines de 2023 había introducido un aumento significativo en la alícuota del Impuesto sobre los Ingresos Brutos, una medida que generó un fuerte rechazo entre distintos sectores productivos y empresariales de la provincia. La nueva normativa elevaba las tasas impositivas para varios sectores, con el objetivo de aumentar los recursos del fisco provincial ante la difícil situación económica que atraviesa el país.
Sin embargo, el aumento de los impuestos no fue bien recibido por todos los sectores. En particular, las cámaras empresariales y distintos actores económicos manifestaron que la medida resultaba excesiva y perjudicial para la competitividad de las empresas, especialmente en un contexto inflacionario y con dificultades de acceso al crédito. La controversia culminó en una demanda judicial, que ahora ha obtenido respuesta favorable en la Corte.
El fallo de la Corte Suprema
El fallo que declaró la inconstitucionalidad de parte de la ley de Ingresos Brutos, en particular de ciertos aumentos impositivos, fue un revés importante para la administración de Kicillof. La Corte consideró que las modificaciones a las alícuotas del impuesto vulneraban principios constitucionales relacionados con la protección de las actividades económicas y el derecho a la propiedad. Este fallo invalida la posibilidad de aplicar los incrementos en ciertas áreas establecidas por la nueva ley, lo que podría generar un déficit fiscal aún mayor para la provincia.
El impacto de esta decisión no se limita solo a lo económico, sino también a lo político, ya que la medida había sido presentada como uno de los principales recursos para enfrentar la crisis financiera en la provincia de Buenos Aires, una de las más afectadas por la deuda pública y la inflación en el país.
Consecuencias del fallo para la economía provincial
La decisión judicial podría tener varias implicancias para el presupuesto de la provincia. Con una nueva fuente de ingresos ahora declarada ilegal, el gobierno de Kicillof podría verse obligado a buscar alternativas para cubrir el déficit fiscal, lo que podría incluir nuevos ajustes en el gasto público o la búsqueda de otras medidas impositivas que no enfrenten los mismos obstáculos legales.
Para las empresas y los sectores productivos que habían impulsado la acción judicial, el fallo es visto como una victoria significativa, ya que limita la presión impositiva sobre ellos en un contexto ya complicado por la inflación y la falta de estabilidad económica. Sin embargo, también se plantea la duda de si la decisión de la Corte podría retrasar o dificultar la reactivación económica de la provincia, al impedir el acceso del gobierno a recursos fiscales adicionales.
Posibles próximos pasos
Ante esta situación, se espera que el gobierno de Axel Kicillof recurra a nuevas estrategias para reequilibrar las finanzas provinciales, como la modificación de otros impuestos o la renegociación de deudas. También se anticipa que la medida generará un debate legislativo en torno a la reforma de la ley, en un intento por encontrar una solución que sea tanto efectiva para las arcas provinciales como conforme con los parámetros constitucionales establecidos por la Corte.
En cuanto a las repercusiones políticas, el fallo podría tener un impacto en la relación entre el gobierno provincial y el sector empresarial, así como en el panorama electoral de cara a los comicios de 2025. El caso pone de relieve la compleja relación entre la fiscalidad provincial y las exigencias de los diferentes actores sociales y económicos.
Conclusión
La decisión de la Corte Suprema de declarar inconstitucional parte de la nueva ley de Ingresos Brutos de Kicillof ha marcado un antes y un después en la discusión sobre la fiscalidad en la provincia de Buenos Aires. Aunque esta victoria judicial para los sectores empresarios representa un respiro para muchos, las dificultades fiscales para la provincia no desaparecerán. El gobierno de Kicillof deberá encontrar nuevas formas de equilibrar las cuentas públicas sin sacrificar la competitividad económica en el proceso, mientras navega por las aguas turbulentas de la política y la economía nacional.
