El Gobierno nacional formalizó la reforma migratoria anunciada semanas atrás con la publicación del Decreto 366/2025 en el Boletín Oficial. La nueva normativa habilita el cobro a personas extranjeras por el uso de hospitales y universidades públicas, restringe el acceso a la ciudadanía y endurece los motivos por los que un migrante puede ser deportado del país.
El decreto lleva la firma del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos y todos los ministros del Ejecutivo. Según el texto oficial, el contexto migratorio actual “plantea desafíos distintos a los de años anteriores” y argumenta que la política de deportaciones impulsada por Estados Unidos, citando declaraciones del expresidente Donald Trump, podría provocar un aumento significativo del flujo migratorio hacia Argentina.
“Las facilidades extremas que existen actualmente para entrar y permanecer en el territorio nacional, así como para utilizar sin cargo los servicios de salud y educación, permiten prever que es probable que una proporción importante de deportados se radique o intente radicarse en nuestro territorio”, afirma el decreto, y advierte que eso “generaría un impacto en la economía y en los servicios esenciales”.
Entre los cambios más significativos, se reemplazó el Artículo 6 de la Ley de Migraciones. Mientras que el texto anterior garantizaba la protección de los inmigrantes y sus familias, la nueva redacción solo hace referencia al migrante, y supedita el acceso a derechos al estatus migratorio. Así, se establece que la igualdad de condiciones respecto a los nacionales dependerá de la categoría migratoria.
La reforma representa un cambio de enfoque en la política migratoria argentina, históricamente centrada en la integración y la igualdad de derechos. Organismos de derechos humanos y agrupaciones migrantes ya anticiparon su rechazo y evalúan presentar recursos judiciales.
