El Senado debatirá este jueves el proyecto denominado Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa del oficialismo que propone una profunda reforma sobre el régimen de tierras, expropiaciones y desalojos. La propuesta genera un fuerte enfrentamiento político, ya que mientras el Gobierno sostiene que busca reforzar el derecho a la propiedad privada, la oposición y organizaciones sociales y ambientales advierten que la norma podría facilitar la extranjerización de tierras y reducir los controles sobre recursos estratégicos.
Uno de los aspectos más cuestionados del proyecto es la derogación de los límites vigentes para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. La legislación actual establece un máximo del 15% de la superficie rural nacional en manos de capitales extranjeros, mientras que la reforma eliminaría esa restricción, incluso en zonas de valor productivo, hídrico o fronterizo. Además, la iniciativa modifica el régimen de expropiaciones al restringir el concepto de utilidad pública, elevar las compensaciones económicas y crear un mecanismo de restitución anticipada de inmuebles que agiliza los desalojos antes de una sentencia definitiva.
El paquete legislativo también introduce cambios en la Ley de Manejo del Fuego al eliminar las restricciones que impiden modificar el destino de tierras afectadas por incendios. Desde distintos sectores advierten que esa modificación podría habilitar desarrollos inmobiliarios o emprendimientos privados sobre superficies incendiadas. En tanto, Unión por la Patria anticipó que intentará bloquear la aprobación del proyecto al considerar que compromete la soberanía sobre los recursos naturales y favorece la concentración de tierras, mientras que el oficialismo busca reunir el respaldo de bloques dialoguistas y provinciales para avanzar con la iniciativa.
En la misma sesión, el Senado también analizará 36 pliegos judiciales. Entre ellos sobresale el del camarista laboral Víctor Pesino, integrante de la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, quien necesita un nuevo acuerdo de la Cámara alta para continuar cinco años más en el cargo tras haber alcanzado los 75 años. El magistrado cobró relevancia luego de revocar la medida cautelar que había suspendido parte de la reforma laboral impulsada por el Gobierno.
